Propuesta de Ley telecom mexicana genera riesgos a libertad de internet: ALAI

Carla Martínez Guillén

La nueva ley en telecomunicaciones y radiodifusión contempla el bloqueo de plataformas digitales y limita la publicidad que podrá transmitirse a través de este tipo de empresas que operan sobre internet.

Ante este panorama, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), expresó su preocupación al considerar esta propuesta como un modelo de censura administrativa.

“Esto vulnera principios como el debido proceso, la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad establecidos por la Constitución, además de contravenir resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”

Medidas como el bloqueo generalizado de plataformas digitales, que muchas veces están integradas a infraestructuras compartidas o servicios digitales complejos, representan un riesgo técnico y jurídico., subraya la ALAI.

Estos mecanismos son altamente imprecisos y pueden provocar efectos colaterales que afecten a múltiples servicios no relacionados.

El texto también pretende modificar las definiciones de principios establecidos para regular la neutralidad de la red que podrían derivar en ambigüedad para los mercados de provisión de servicios, lo que deriva en incertidumbre de operadores y usuarios. 

Por ello, la organización que representa a las empresas de internet pide al Congreso eliminar las disposiciones específicas que incluyen servicios digitales y plataformas en línea dentro del ámbito de aplicación de la reforma de telecomunicaciones.

También solicita preservar los principios de neutralidad de la red actualmente vigentes, “que han dado certeza al ecosistema digital y garantizado la libre elección, privacidad y acceso a contenidos sin discriminación”.

Así como respetar los compromisos internacionales asumidos por México, como el T-MEC, que protege el libre comercio digital, prohíbe el trato discriminatorio y garantiza el libre flujo de datos.

Y “evitar una técnica legislativa ambigua que habilite interpretaciones expansivas y ponga en riesgo la estabilidad institucional y económica del entorno digital.